Políticas educativas

El País Andalucía publica hoy que el PSOE-A llevará la próxima semana al Parlamento una proposición no de ley para que la cámara inste a la Junta de Andalucía, a que garantice la educación mixta en todos los colegios financiados con fondos públicos. Esta iniciativa permite limitar la capacidad de dirección de los colegios privados concertados, que aún a pesar de recibir fondos públicos, no cumplen la normativa autonómica y mantienen una educación segregada.
La educación concertada cumple una importante función dentro del sistema educativo español, puesto que gracias a ella se cubre toda la demanda, otorgando diversas opciones a los padres. Pero un colegio privado, cuando se acoge a la concertación y empieza a ser financiado con los impuestos de todos los andaluces, ha de regirse por una serie de normas establecidas por la Comunidad Autónoma. En caso de incumplimiento, y al igual que ocurre con cualquier otro contrato de la administración, ésta ha de resolverlo.
Probablemente la posición del Partido Popular será contraria a esta iniciativa, basándose en la libertad de elegir de los padres, al igual que ha defendido la libertad de éstos para objetar respecto a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Ambas posiciones son erráticas. La libertad de elección no es un derecho absoluto, y está limitada por la Constitución y las leyes. El Tribunal Supremo así lo ha reconocido en ambos asuntos.
La política educativa debería ser objeto de un pacto de estado entre las dos grandes fuerzas políticas españolas. Si bien, el Partido Popular utiliza la educación como arma arrojadiza contra el ejecutivo, apoyándose en unas posiciones ultramontanas, que niegan la competencia del gobierno para aprobar la impartición de una asignatura que lo único que pretende es enaltecer los valores democráticos hoy vigentes. Del mismo modo, la segregación, al no estar permitida por la normativa autonómica, no puede permitirse en la educación concertada, en base al principio de no discriminación por razón de sexo.
El Partido Popular debería tener responsabilidad y altura de miras para no perjudicar la educación de nuestros jóvenes. La asignatura Educación para la Ciudadanía recoge todo aquello que se impartía en Ética, solo que convirtiéndola en una asignatura obligatoria, lo cual y teniendo en cuenta los tiempos que corren, tendría que ser incuestionable.




































Muchas generaciones nos hemos visto forzados a dar religión en los centros educativos durante décadas y de forma obligatoria, y eso la derecha no lo veía mal por supuesto ni siquiera la más exaltada, el papel de la familia era complementado desde el ámbito educativo, y ahora en que conviene reconstruir el concepto de ciudadanía a los nuevos tiempos y pensando en nuestra sociedad futura, surgen estos rechazos.
Rechazos que además son de unos pocos que hacen mucho ruido y que en el fondo estarían de acuerdo en casi el 90% de las propuestas de ciudadanía, pero encuentran inaceptable el otro 10% de esta materia.
La mayoría de los ciudadanos creo que tanto votantes de izquierda como de derechas están pidiendo a gritos una mayor formación en ciudadanía, siempre respetando a todos los ciudadanos, y en ese sentido hemos de seguir caminando.
Curro M. Fernández Merino
Sevilla, febrero de 2009